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Nos sumamos a la reclamación del CERMI a la Agencia Tributaria en Burgos para que cese en la persecución fiscal de familias con miembros con gran discapacidad.

  • La Agencia Tributaria lleva varios meses enviando requerimientos a familias de personas con discapacidad burgalesas para que justifiquen las desgravaciones fiscales de los últimos cinco años.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Burgos, el cese de lo que considera una persecución fiscal de familias con miembros con discapacidad. Así lo ha puesto de manifiesto la plataforma de la discapacidad a través de una carta dirigida al director general de la AEAT, Jesús Gascón, en la que le ha trasladado la inquietud de este sector social tras conocer el “enorme malestar en cientos de familias que tienen en su seno a personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo”.

Esta reclamación se une a la queja lanzada por las casi dos mil familias de personas con discapacidad afectadas y por parte de las entidades que las representan (Autismo Burgos, Apacid, Las Calzadas, Aspanias y Aprodisi).

La Delegación Especial de la AEAT ha realizado una revisión e inspección de declaraciones de IRPF, de los últimos cinco años, de familias de personas con discapacidad que culmina con la reclamación de reintegros cuantiosos por aplicación indebida de deducciones para atención y cuidado a personas con discapacidad a su cargo.

Según ha manifestado el CERMI en su carta, esto supone una “interpretación errónea por parte de la AEAT en Burgos”, que entiende que personas con grandes necesidades de apoyo que están residiendo de forma permanente en recursos sociales de vida colectiva como residencias, no están a cargo de las familias, por lo que estas no pueden aplicarse las ventajas fiscales establecidas para estos casos.

Por este motivo, el sector social de la discapacidad ha aclarado al director de la AEAT que, residir en una institución colectiva no significa “en ningún caso” que no exista dependencia económica de la familia, pues la residencia solo cubre ciertos aspectos de la vida de la persona discapacidad.

“Las partidas de gastos que asumen las familias de personas residentes en establecimientos colectivos son variadas, enormes y de gran impacto, por lo que afirmar que no hay dependencia económica es percibido como una burla hiriente e inhumana”, ha subrayado el CERMI en su escrito.

Por todo ello, desde Federación Autismo Castilla y León mostramos nuestra preocupación por el grave impacto que esta actuación puede generar en las numerosas familias de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y grandes necesidades de apoyo de Burgos, y nos sumamos firmemente a la petición del CERMI y del tejido asociativo de la discapacidad de la provincia de Burgos, solicitando el cese la persecución fiscal de las familias burgalesas de personas con discapacidad, ya que consideramos que estas actuaciones suponen un enorme retroceso en los derechos de este colectivo.

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